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MUNICIPIO. La exalcaldesa compareció ante el cabildo, donde dio a conocer algunos datos de su gestión, sin embargo, en otros calló.
RedacciónNavojooa|DMXEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.o
Llegó el turno de la exalcaldesa Rosario Quintero de Borbón, de exponer sus datos ante el Cabildo de Navojoa, frente a las irregularidades detectadas por la Comisión Plural, donde entre caos y negación de respuesta, expuso su postura.
Entre las interrogantes, el grupo de ediles cuestionó el número de sindicalizados que se aprobaron durante su administración y los criterios tomados para autorizar el trámite, a lo que a la exmunicipe se escudó en que fue un derecho de los trabajadores, explicitó en la Ley Laboral, además de haber sido autorizado por el Tribunal de Justica.
Referente al pago de horas extras, donde se llegaba a pagar hasta 1 millón de pesos cada mes, la exalcaldesa aseguró que era necesario debido a la pandemia, donde se llegó a descansar un alto número de trabajadores que se clasificaban como vulnerables, y se manejó en apegó a la legalidad
La situación, generó un ambiente de conflicto con el edil Carlos Quiroz Romo, quien aseguró fue un golpe a las finanzas del municipio, principalmente al haber elevado la nómina y exponiendo la operatividad del Ayuntamiento, sin haberlo consensuado con el grupo de regidores.
Entre los hechos detectados, se tocó la relación con el exdirector de Comunicación Social, José Antonio Sánchez Martínez, a quien se le otorgó contratos con familiares en un presunto conflicto de intereses, además de haber liquidado al funcionario con una suma superior a los 120 mil pesos, cuando por ley le correspondía solo 71 mil pesos.
Quintero Borbón externó que la asignación de convenios fue un proceso que se decidió de manera consensuada, en la que intervinieron otros funcionarios, quienes en base a la productividad del medio de comunicación, se asignó el contrato, sin ningún tipo de interés particular.
Asi mismo, el grupo de ediles cuestionó uno de los mayores desastres financieros que dejó su administración, el cual se presentó en Oomapasn, donde la deuda de la paramunicipal aumento hasta casi un 600%, pasando de 11 millones a 58 millones, sin embargo, la alcaldesa aseveró que no existe fraude, ni daño patrimonial, por lo que pidió acudir a las instancias competentes.
“Acudan a las instancias que crean necesarias, pero no hubo ningún tipo de fraude, ni daño patrimonial durante nuestra administración”, exclamó.
Los ediles también interrogaron a la expresidenta municipal, por los adeudos a Isssteson, la Conagua, SAT y otros organismos, además de los contratos a la empresa constructora Gibher, quien fue la más beneficiada en su administración, sin embargo, no pudo brindar una respuesta clara a las acusaciones; así mismo evadió las acusaciones por el robo a tesorería y el caso ‘Valegate’.
Al término de la comparecencia, el regidor de Movimiento Ciudadano, Felipe Gutiérrez Millán, aseguró que el tema aún no termina, y será el Congreso del Estado, quien finque las responsabilidades, para dar seguimiento a las investigaciones.
